Inconstitucionalidad de la actual regulación de cancelación de antecedentes penales y rehabilitación de los derechos restringidos al cumplimiento de la condena en Bolivia
Tipo de material:
TextoSucre, Bolivia : Universidad Andina Simón Bolívar, 2023Descripción: vi, 95 páginas : ilustraciones ; 28 cm + 1 CDTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 062T
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| Tesis | Biblioteca UASB - Sede Central Estantería general | Tesis | 062T-2023 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SU003622 |
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Tesis (Maestría)-- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre 2023
Introducción -- Capítulo I. Marco teórico -- Capítulo II. Diagnóstico -- Capítulo III. Propuesta -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos.
La presente investigación contempla una problemática en cuanto a la armonía que debe prevalecer en el ordenamiento jurídico interno de Bolivia con la Constitución, en este caso, en concreto la actual regulación de cancelación de antecedentes penales, regulada por el Art. 441 del CPP, con lo mencionado en el Art. 117 parágrafo II. de la Constitución Política del Estado, hecho que actualmente genera grandes perjuicios hacia aquellas personas que han cumplido sus condenas o se han visto beneficiadas de alguna salida alternativa, pues los registros de antecedentes penales generados producto de dicho proceso, queda registrado en el actual sistema denominado REJAP, registro que impide que dichas personas puedan acceder a postulaciones de trabajos en el sector público como privado cuando la constitución prevé una restauración automática, la cual debe ser entendida en el más alto grado de garantismo y progresividad para sus beneficiarios
This research addresses a problem concerning the harmony that must prevail between Bolivia’s domestic legal system and the Constitution. Specifically, it examines the current regulation on the cancellation of criminal records under Article 441 of the Criminal Procedure Code in relation to Article 117, paragraph II of the Political Constitution of the State. This inconsistency currently causes significant harm to individuals who have served their sentences or benefited from alternative resolutions, since the criminal records generated by such proceedings remain registered in the system known as REJAP. This record prevents such individuals from applying for jobs in both the public and private sectors, despite the Constitution providing for automatic restoration, which should be understood in the broadest sense of guarantees and progressivity for its beneficiaries.

